En energía, el ocaso de los cuentos

DON VITTO GIOVANNI

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En energía, el ocaso de los cuentos







El Gobierno pasa de una a otra ficción, sin generar inversión y desarrollo de las potencias energéticas del país. Y ahora, con el fin de la estrategia impuesta por Néstor Kirchner para el sector, se ha comenzado a manipular el sentimiento nacionalista.


Por Emilio J. Apud INGENIERO CONSULTOR. EX SECRETARIO DE ENERGIA





En energía, el ocaso de los cuentos


Un relato es una narración cuando se trata de un hecho real o un cuento si es ficcional. En consecuencia, si nos atuviéramos a esta definición, aceptada por la Real Academia Española, el relato del Gobierno sobre la energía debería considerase un cuento . Veamos algunos ejemplos que le dan sustento a esta hipótesis. El relato gubernamental, en boca del hasta hace muy poco principal referente en la gestión energética, Julio de Vido, dice: “Tuvimos que hacer frente a una gran demanda por el crecimiento histórico de la economía”; “veníamos de un proceso de desinversión en los 90”; “se exportó sin tener reservas”; “hemos exigido a las empresas invertir y hemos descubierto mega yacimientos”; “hemos terminado Atucha II”; “hemos instalado más de 7.000 Mw de generación eléctrica” ; “los subsidios son parte del modelo”; “en todas partes se importan productos energéticos”; “no se aumentarán las tarifas”.


En cambio, la realidad y los registros estadísticos demostraron que esos relatos, por no basarse en hechos reales, eran cuentos . Veamos: el crecimiento anual promedio de la demanda eléctrica en los ’90 fue de 6%, en los 2000 el 3,7, la demanda de gas se expandió 25%, mientras que la oferta solo un 2% y el consumo de naftas aumentó un 20% cuando la producción de petróleo se redujo un 22% . En los ‘90 se invirtió cuatro veces más que en los 2000, con mayoría de capital privado; se exportó gas, crudo y derivados porque las reservas acompañaban a la producción; hasta recientemente, nunca el kirchnerismo exigió invertir a las petroleras, pero se permitió que muchas empresas desinvirtieran, como YPF-Repsol, que perdió reservas por encima del total país. Atucha no produjo todavía ni un KW, no obstante sus reiteradas inauguraciones y lleva un retraso de más de 3 años a un costo que ya triplica al presupuesto original; en el sector eléctrico se incorporaron 6.500 MW en los 2000 -contra 9.000 en la década anterior-, pero aumentando la dependencia de los hidrocarburos , por las características del equipamiento incorporado con fondos públicos y en procesos licitatorios poco claros que beneficiaron a empresas amigas.


Para seguir ocultando la realidad y no hacerse cargo después de 9 años de gestión continua en un sector que recibieron funcionando correctamente en 2003, se está introduciendo un nuevo cuento: “Las empresas no invirtieron y se llevaron las utilidades” . Cuento que para adquirir la categoría de relato debería expresar: “ El Gobierno permitió a las empresas que no invirtieran y se llevasen las utilidades o, como con YPF, que pagasen sus créditos por la compra de acciones”. También debería incluir ese relato que “la imposición de aranceles a las exportaciones, congelamiento de precios y otras arbitrariedades, en vez de contratos y marcos regulatorios, desalentaron las inversiones en el país”.


El nuevo cuento no solo desconoce la realidad sino que atenta contra la solución al problema acumulado en los últimos 9 años por la falta de una política energética creíble. En efecto, el reciente ataque a las empresas petroleras estaría indicando el fin de la estrategia impuesta y conducida por Néstor Kirchner desde 2003 y su remplazo por otra, tal vez mas perjudicial, impulsada por Guillermo Moreno y La Cámpora ante la necesidad imperiosa de caja, recurriendo a exacerbar el nacionalismo tan arraigado en amplios sectores sociales. Hasta se han visto afiches con los logos de las Malvinas e YPF invocando una épica común.


Si no fuera por las consecuencias agravantes de la delicada situación del sector, este cuento sería uno más del folklore populista . Pero, si como se presume, el Gobierno recurriese para tal fin a una participación forzosa en YPF, continuaría con la descapitalización del sector al seguir exprimiendo los ya agotados yacimientos. No tiene las decenas de miles de millones de dólares anuales para revertir la situación y con la actual política tampoco nadie los pondrá.


El autoabastecimiento energético sólo se logrará recreando condiciones para que vuelvan las inversiones y las empresas petroleras con experiencia internacional. Entonces, con su injerencia en YPF y su visión cortoplacista, el Gobierno se dedicará a hacer caja extrayendo lo que queda en los yacimientos, como lo venía haciendo YPF-Repsol con su anuencia, e iremos hacia una energía de las más caras del mundo, la importada, mientras nuestros recursos permanecerán inexplotados .


Lo que corresponde hacer es remover los factores que no hacen atractiva hoy la inversión en energía, estableciendo condiciones económicas y técnicas realistas, redefiniendo mediante leyes actualizadas los marcos regulatorios y haciendo una amplia convocatoria internacional para el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos que tenemos y en abundancia. Claro que esto no genera caja, aunque sí riqueza y auténtica posibilidad de desarrollo y bienestar para los argentinos.

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BASTA DE MENTIRAS : AVELLANEDA CENTRO NO TIENE SEGURIDAD

DON VITTO GIOVANNI

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BASTA DE MENTIRAS : AVELLANEDA CENTRO NO TIENE SEGURIDAD

No se puede ser tan obsecuente con el poder de turno, no hay peor ciego como el que no quiere ver, una nota de Clarín sobre la inseguridad en el centro de Avellaneda es desmentida por el director de un diario zonal de esta ciudad, negando la inseguridad , He nacido y vivo en Avellaneda, para el que no conoce esta zona del sur de Buenos Aires, Avellaneda esta rodeado de tierras( fiscales y de propietarios) tomadas desde hace mas de cincuenta años a esta parte con el mirar para el otro lado de los intendentes y gobernadores. Hay tres calles que fluyen hacia la Av Mitre son Levalle , French y 25 de Mayo son "Avenidas" de ladrones y delincuentes que te pueden robar a cualquier hora y dia, a mis hijas le robaron varias veces , a amigos que tienen galpones sobre Levalle se lo han desvalijado, no se puede caminar con tranquilidad, no se puede mentir de esa manera.
Para estar en contra de Clarín se llega a mentir de esa manera ??????? 
Si alguien quiere comprobar como le roban a cualquier hora, camine despacio por en French y Marconi , digamos a las 17 hs , le parece bien ?? o en Marconi y 25 de Mayo a la misma hora ( estamos a una cuadra del centro de Avellaneda , a una cuadra de la Plaza Alsina  !!!!!!!!!y esperen un poco les puedo asegurar que se quedan sin la billetera o celular o los documentos o el dinero que lleva.
Sr. que escribe no mienta mas !!!!!!

Ni nazi ni antisemita

DON VITTO GIOVANNI

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Ni nazi ni antisemita

Debe lamentarse que la Presidenta manipule un drama como el del antisemitismo para denostar a sus críticos.
.En su afán por descalificar una vez más a los medios de prensa que no le son adictos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó adjetivos como "nazi" y "antisemita" para referirse a dos reconocidos periodistas de Clarín y de LA NACION.

Hay pocos calificativos más fuertes y denigrantes que aquéllos, citados por la jefa del Estado. Son palabras que evocan criminalidad y racismo de la peor calaña. El nazismo acabó con la vida de seis millones de niños, mujeres y hombres de la manera más brutal, por el solo hecho de tener creencias religiosas que no eran del agrado de Adolf Hitler. Pocas páginas de la historia de la humanidad cayeron más bajo.

Que la Presidenta, una mujer a quien no le falta instrucción, haya recurrido a semejantes agravios contra periodistas resulta verdaderamente doloroso. No sólo por lo injusto y desafortunado de sus conceptos, sino porque plantean un problema como el racismo, por el que, afortunadamente, no se caracteriza la inmensa mayoría de la población argentina.

Cuando la sobreactuación es tan desproporcionada, resulta lindante con el mal gusto. Un mal gusto que lamentablemente la emparenta con las palabras de su vicepresidente, Amado Boudou, que no dudó en comparar a otros dos periodistas de estos mismos medios con quienes tenían la triste tarea de remover los cuerpos de los muertos de las cámaras de gas nazis. Una imagen incomprensible y repugnante.

Nada de lo que escribieron los periodistas de Clarín y LA NACION justificaba tamaña reacción de violencia verbal de la Presidenta.

Osvaldo Pepe, de Clarín, había señalado que los actuales miembros de la organización ultrakirchnerista La Cámpora son soberbios, como lo fueron muchos de sus padres cuando militaban en Montoneros en la década del 70. De un modo figurado, dijo que heredaron esa característica, lo cual es simplemente una observación o la traza de un paralelismo entre dos formas de operar. Alcanzó esto para que la Presidenta asociara al periodista con la figura de Joseph Mengele, el llamado "ángel de la muerte", quien determinaba cuáles prisioneros de los campos de concentración iban a las cámaras de gas y cuáles iban a realizar trabajos forzados. Y por si faltara algo, luego realizaba experimentos médicos sobre estos prisioneros, incluyendo niños, a los cuales, entre otras aberraciones, les inyectaba sustancias experimentales en sus cuerpos para observar reacciones o amputaba libremente alguno de sus miembros. ¿No será mucho? Y ¿no será mucho pedirle a la Presidenta que, desde su rol privilegiado en el país, ejerza mayor mesura y responsabilidad en sus comentarios?

El otro periodista, Carlos Pagni, de La Nación, en un artículo en el que buscó trazar un perfil del actual viceministro de Economía, Axel Kicillof, recordó que éste era hijo de un psicoanalista y bisnieto de un legendario rabino de Odessa. El columnista apuntó esos datos para ilustrar una tradición familiar con vocación por la abstracción y la teoría, que desemboca en este economista. En este sentido, afirmó que "la genealogía de Kicillof parece una sucesión de dogmáticas".

La palabra "dogmáticas", como sustantivo, se refiere a conjuntos de dogmas o principios de una doctrina, de acuerdo con la Real Academia Española. La bibliografía está repleta de estudios sobre la "dogmática rabínica", la "dogmática jurídica" o la "dogmática psicoanalítica". En ningún caso esas expresiones tienen un sesgo peyorativo, sino que son una categoría epistemológica para designar un campo de saber.

Sólo por ignorancia o mala fe se puede equiparar aquella apreciación del periodista de LA NACION con un "tufillo antisemita", como el mencionado por la Presidenta.

No menos equivocado es confundir la referencia al sustantivo "dogmáticas" con el adjetivo "dogmático", que remite a quien es remiso a revisar sus creencias, y que supone un menoscabo.

Para una persona sin prejuicios raciales o religiosos, la asociación de Kicillof con su bisabuelo rabino y con la dogmática que ese bisabuelo cultivaba hace pensar que este funcionario es heredero de una rica tradición cultural e intelectual judía. Para la Presidenta, la única posibilidad que evoca ese comentario es el antisemitismo. ¿No será ella quien está prejuzgando de forma deliberada y grosera por su propia intolerancia? ¿Hay algo más emparentado con las ideologías totalitarias que la no aceptación de las diferencias y la libertad de expresión?

No puede menos que lamentarse que un gobierno habituado a tratar como enemigo al periodismo no dispuesto a complacerlo manipule con la misma displicencia un drama como el del antisemitismo para denostar a quienes lo critican. Tal vez no sorprenda, pero sí causa pena..

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Camporismo gerencial

DON VITTO GIOVANNI

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Camporismo



Por Pepe Eliaschev
@peliaschev

10/03/12 - 10:27


Treinta y ocho años son bastante más que nada. Pero ese 11 de marzo de 1973 los argentinos eligieron a Juan Perón como jefe, después de 17 años de haber sido derrocado. ¿Jefe? Sin dudas: la consigna era “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Cámpora estuvo en funciones sólo 49 días y en esas fugaces siete semanas anduvo pisando huevos, hasta que le quitaron la alfombra bajo sus pies. Perón puso a López Rega al mando, mediante la interpósita persona del yerno del “Brujo”, hasta que el 12 de octubre el Viejo (así se lo llamaba, con cariño y respeto, en la militancia) asumió lo que sería un mandato de apenas nueve meses. ¿Por qué se llama “la” Cámpora esta guardia de hierro del actual gobierno? ¿Qué poder y proyección tiene ese simbolismo a 38 años de que un Cámpora de carne y hueso jurara el cargo de presidente?


Ese Cámpora era la encarnación de la “jotapé”. Nacida embrionariamente en los tempranos años sesenta, la Juventud Peronista bajo crisol montonero se prefigura a fines de esa década, pero se plasma hacia 1970-1971. Es una “jotapé” de peronismo visceral que se mece con los acordes de la época, bajo la batuta de un Perón que homenajea al Che, saluda las barricadas del ’68 francés y se entusiasma con el presidente Mao. Es una generación aguerrida y endurecidamente aposentada en “frentes” y territorios. No les debe nada al Estado, a los privados, ni al dinero. En ella hay, incluso, colosales choques ideológicos. Una disputa lunática pero frontal, entre las interpretaciones más dispares, cruza el escenario de aquella disputa militante en plazas y universidades. No es lo mismo la versión nacionalista revolucionaria, que quiere ver en Perón un reivindicador de estirpe vagamente socialista, que la variedad “jotapé” ortodoxa y hasta claramente fascista. Así, JP son todos, desde las “regionales” filomontoneras hasta los pesados del gangsteril Comando de Organización, pasando por la sugestivamente llamada Guardia de Hierro y su versión universitaria, el Frente Estudiantil Nacional.


Todos estos aparatos, incluyendo a la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional (JAEN) de Rodolfo Galimberti, son, al margen de sus demasías y extravíos, experiencias de fornida militancia vocacional. No disponen de smartphones, autos con chofer, o escritorios con secretaria. La deriva se modifica ya para 1973, cuando los cuadros montoneros y las falanges ortodoxas desembarcan en el aparato del Estado, del que se servirán, ahí sí, sin mayores escrúpulos. Pero los verdugos de la JP de la República Argentina (“jotaperra”) y los militantes de la JP dirigida por Montoneros jamás de asumirán como gerentes. Procuran y consiguen su dinero, pero odian “la gestión” y prefieren destruir al Estado “oligárquico” antes que reformarlo desde adentro. En ese sentido, serán más “puros”.


Van a la guerra por el poder, pero desde afuera del poder. Se matan y matan, liquidan patrones y generales, torturadores y tránsfugas, pero desde una marginalidad rotunda respecto del poder real. Cuando se aproximan a los factores del poder (Operativo Reconstrucción en 1973, cuando la JP de Gullo desfila junto a las brigadas castrenses del general Carcagno y del coronel Harguindeguy) es porque pretenden de alguna manera difuminar la hostilidad de los militares, pero no mucho más.


Este camporismo exótico de hoy, plasmado 38 años después, es –por eso– una extravagancia farsesca. Es repentino, fugaz y vertical; nace arriba y se queda allí. No hubo ninguna JP en la Santa Cruz de 1991 a 2003, cuyos gobiernos kirchneristas se sentían entonces en gran medida representados por Menem y Cavallo. Ya posesionados de la Casa Blanca, los Kirchner no arman JP alguna entre 2003 y 2008.


En ese primer quinquenio K, entretanto, se incuba –en cambio– una juventud que asocia lo que llama “militancia” con concretas aspiraciones gerenciales. Pichones de burocracia técnica, están empalagados de retórica retromontonera. Tienen una vida política que no proviene de la lucha, sino de la prebenda otorgada por la nueva monarquía.


Los jóvenes peronistas montoneros de 1973 configuraban encuadramientos blindados y opacos, porque eran clandestinos. Llevaron al paroxismo la noción de que a la “conducción” no se la cuestiona. Pero eran tiempos de balas. Cada madrugada el país aparecía rociado de cadáveres. Ese esquema celular y cerrado es, cuatro décadas después, expresión insultante de un totalitarismo arcaico. Disfrazada de guardia de hierro de un gobierno de matriz legal, “la” Cámpora de 2012 es el mundo al revés: “primero-gerencio-luego-milito”.


¿Cuál es el simbolismo de la palabra “camporismo”? La venerada “lealtad” de Cámpora, ¿a quién y a qué fue? A Cámpora lo echa Perón de mala manera. Lo maltrata, lo despide, lo manda a México y no lo recibe nunca más. ¿Cuál era la lealtad de Cámpora, entonces? ¿Fidelidad a la jefatura que incluía su obsecuencia total, hasta el punto de la inmolación? El llamado “tío Camporita” hace lo que le dicen, ni se le pasa por la cabeza dar pelea, aunque tampoco será explícitamente fiel a sus muy jóvenes adoradores. Se disipa, agraviado desde 1976 por el régimen militar, después de haber sido vilipendiado en 1973 por el mismo Perón. ¿Qué es, entonces, el camporismo? ¿Qué historia y qué narrativa evoca y resume? Si es la lealtad de Héctor Cámpora en 1973 lo que celebra “la” Cámpora en 2012, ¿qué lealtad era? ¿Acaso la lealtad a la causa por la que lo echaron del gobierno? Cámpora perpetró pura obediencia debida y aceptó el ostracismo de la embajada en México, que también se la sacaron al final.


“La” Cámpora, convertida en este tercer mandato kirchnerista en estado mayor y reservorio de la eternización K en el poder (“Cristina eterna”, pidió Diana Conti), vocifera consignas turbulentas, mal digeridas y súbitamente aprendidas. Algo han hecho, eso sí, muy bien: impulsados por sus padres políticos, han enterrado anclas en un poder gerencial colonizado. Alguien debería contarles a sus ensimismados comandantes que al Cámpora real lo echó Perón, y que la lealtad era una cualidad que Perón apreciaba muy relativamente.

Mision bizarra a angola- Visita a uno de los países más corruptos

DON VITTO GIOVANNI

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4/3/2012




Mision bizarra a angola


Visita a uno de los países más corruptos


Perlitas de la delegación argentina y de la nación africana, gobernada por la misma familia desde 1979.

Por Jorge Lanata


03/03/12 - 11:40


En pocas horas, 250 empresarios argentinos llegarán al aeropuerto de Luanda, la capital de Angola, en una misión encabezada por Guillermo Moreno. El secretario de Comercio Interior, Comercio Exterior, Relación con los Monopolios, Encargado del Proceso Manual de Sustitución de Importaciones, Pater del Mercado Central y Espíritu Vivo del Peronismo Militante ha depositado sus sueños en Africa: en 2011 todo el continente apenas constituyó el 8% de las exportaciones argentinas, y en el intercambio sólo llegó a estas playas el 1%.


Aunque es probable que el interés central del secretario sea el petróleo –Angola es el segundo exportador africano de crudo–, la delegación argentina es diversa: Arcor, Indalo, Cargill, Dilexis y Bodega Zuccardi, entre otros, con el resucitado Carlos Spadone en su rol de bodeguero estrella. Se descarta que el empresario –que bromea ante miembros de la comitiva afirmando que es “el nuevo Jorge Antonio”– no llevará vinos Menem de su cosecha: las botellas fueron oportunamente reetiquetadas como vinos San Huberto. Spadone tiene una amplia trayectoria empresarial demostrada en Angola: en 2011 le vendió a ese país cuarenta cajas de doce botellas, lo que significó una exportación de 956 dólares. Todo suma.


Pero quienes crean que se enfrentan a un viaje bizarro y divertido no leyeron la crónica del periplo en el número de la semana pasada de la revista Veintitrés. Se titula “En la ruta del Che” y lleva la firma de su jefe de redacción, Adrián Murano. En ella se compara al secretario Moreno con el revolucionario Guevara. El Che llegó a Angola en 1965 y Murano, en alas de la apología, desconoce una de sus frases célebres sobre el lugar: “Aquí se puede hacer muy poco”; su crónica de aquellos tiempos relata “los peores días como revolucionario”. La historia, como se sabe, tiende a reescribirse en estos días: “En 1965 un argentino encabezó una ambiciosa misión a Angola cargada de utopías –se publica en Veintitrés–. La más importante: ayudarla a liberarse del yugo imperial. Ese argentino fue Ernesto Guevara. A casi cinco décadas de aquella experiencia libertaria, otro argentino viajará a Angola, pero esta vez con el objetivo de conquistarla. Ese hombre es Guillermo Moreno”. “Del 4 al 8 de marzo –cierra la nota de Murano– 250 argentinos andarán buscando sembrar negocios por las calles donde el Che sembró revoluciones.” Sinceramente, no sé para qué fundé esa revista.


Lo que el periodismo K olvida mencionar es que Angola, el objetivo de nuestros sueños, es uno de los países más corruptos del mundo. José Eduardo dos Santos lo gobierna desde 1979 y reformó recientemente la Constitución para seguir al mando durante trece años más. Una de las figuras más representativas de la corrupción en el país es Isabel dos Santos, la hija del presidente vitalicio: ella se encarga de los negocios de la familia, en tanto que la sucesión política le corresponde a su hermano José Filomeno, conocido como “Zenu”.


Angola ha puesto en práctica una especie de “capitalismo de Estado” en el que la mitad pertenece al Estado y éste se vincula a una firma madre, Sonangola, cuyos socios son miembros o parientes de la familia presidencial. Isabel es ingeniera electrónica formada en Londres y comenzó su imperio con Urbana 2000, la empresa que monopolizó los servicios de recolección de basura de Luanda. Luego se expandió al mercado de diamantes a través de la compañía Tais, asociada con capitales suizos; junto a inversores israelíes desarrolló Terra Verde, que suministra frutas y vegetales a todos los hoteles de la capital y, a través de Geni Novas Tecnologías y Unitel, entró al mercado de comunicaciones, con ingresos por 527 millones de euros el año pasado. También tiene un cuarto de la propiedad del Banco Internacional de Crédito (BIC).


Otro de los casos más resonantes de corrupción gubernamental en Angola parece provenir de un casting de apellidos: Aguinaldo Jaime se llama el ex presidente del Banco Central entre 1999 y 2002, sospechado de transacciones irregulares por 2.400 millones de dólares con bancos de Estados Unidos (¿será el primo negro de Ricardo Jaime?). No en vano un informe de 31 páginas de Human Rights Watch publicado por Afrol News afirma que el gobierno de Angola está ganado por la corrupción generalizada y la mala gestión: en el Indice de Percepción de la Corrupción 2009 de Transparency International Angola subió del puesto 158, de un total de 180 países, al puesto 162. Con ayuda de la Argentina, logrará seguro un lugar todavía mejor en la tabla

Sr. Vicepresidente se equivoca en dos cosas: en mentir a sabiendas y en creer que el poder dura para siempre.

DON VITTO GIOVANNI

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Política

caso Ciccone


Dura carta abierta de Lanata a Boudou

El periodista replicó al vicepresidente, quien el pasado miércoles se refirió al caso Ciccone por primera vez, en el programa ultra k 678. "Lo único que explica su silencio anterior es su complicidad con el hecho y su turbación frente a la denuncia", afirmó en su ciclo en Radio Mitre.

caso Ciccone,Amado Boudou,Jorge Lanata

02/03/12 - 20:29



El miércoles pasado, seis meses después de que Clarín publicara la primera nota sobre el tema, el vicepresidente Amado Boudou utilizó al programa ultra k 678 para hablar por primera vez sobre el "caso Ciccone" En su intervención, el vicepresidente recibió apenas dos preguntas del panel de periodistas y optó por referirse a un punto lateral y muy menor (NdR: Aseguró que nunca fue novio de Guadalupe Escaray, prima del monotributista Alejandro Vandenbroele, director de la ex Ciccone Calcográfica). Y, respeto al resto de las investigaciones, sostuvo: "Es todo mentira".

Hoy, el periodista Jorge Lanata, en su programa de Radio Mitre, le contestó al vicepresidente mediante una dura carta. Precisamente, el lunes 6 de febrero, en su ciclo, la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, denunció por primera vez que estaba convencida que su ex esposo "es testaferro" de Boudou.

Entre otros puntos, Lanata sostiene que "lo único que explica su silencio anterior es su complicidad con el hecho y su turbación frente a la denuncia". Y, entre otras cuestiones, le realiza las preguntas que en 678 optaron por no hacerle.

La carta de Lanata

Sr. Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou:

Anoche en el programa oficialista 678 del canal del Estado usted dijo que la denuncia sobre Cicconera mentira y que usted dijo que no iba a responderla porque no quiere que LA NACION, Clarín y Perfil manejen la agenda.

Sr. Vicepresidente, viendo el programa era fácil entender por qué usted había elegido responder ahí. Después de más de una semana de silencio oficial, usted estaba reunido con periodistas comprados.

Sólo le hicieron dos preguntas: la introductoria al tema y al final una chica gordita vestida de oscuro le pregunto por qué usted pensaba que el tema se había judicializado. Algo así como preguntarle: por qué tanta injusticia con un héroe de la patria como usted. Gran pregunta hizo la gordita.

Sr. Vicepresidente, el que miente es usted. Mintió antes y miente ahora. Lo único que explica su silencio anterior es su complicidad con el hecho y su turbación frente a la denuncia. Ya que usted habló de periodismo y solo estaba rodeado por analfabetos, me permito hablarle yo de periodismo, que hace 37 años que lo ejerzo. La columna de oportunistas que lo rodeaba evitó preguntarle, por ejemplo:

¿Cuál es su relación con Vandenbroele? ¿Por qué la AFIP pidió la quiebra de Ciccone y luego la misma AFIP pidió levantarla? ¿Fue casualidad que Moreno observara conductas monopólicas en Boltd y esas denuncias terminaran otra vez en Ciccone? ¿Por qué instruyó a la Casa de la Moneda para que actuara sin licitación en el contrato de impresión de billetes del año próximo? ¿Sabía usted que Vandenbroele está relacionado con Núñez Carmona, uno de sus socios reconocidos en su declaración jurada? ¿Conoce usted que el fiscal cuenta con diálogos entre Vandenbroele y su entonces esposa en los que se habla de negociados y coimas con Boudou? ¿Es usted ese Boudou que se menciona en la conversación?

El silencio de los chicos que lo rodeaban ratifica su oportunismo y quizás los convierta tan en cómplices de un delito como usted.

Dijo usted que confía en la Justicia. Hace bien. Jaime también confía y confía De Vido y confían los Kirchner y todos confían que el sorteo llegue a Oyarbide o algún otro juez venal con miedo a que perjudique su ascenso y lo enfrenten a juicio político en el Consejo de la Magistratura o nunca lo saquen de su condición de subrogante.

Sr. Vicepresidente se equivoca en dos cosas: en mentir a sabiendas y en creer que el poder dura para siempre.

Con la consideración de su investidura y sin ningún respeto personal, lo saluda, Jorge Lanata.

"Los derechos humanos no se agotan en la dictadura militar"

DON VITTO GIOVANNI

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REPORTAJE a Adolfo Pérez Esquivel

"Los derechos humanos no se agotan en la dictadura militar"

Premio Nobel de la Paz, advierte que la minería a cielo abierto y las tareas de inteligencia ilegal de la Gendarmería también son graves violaciones a los derechos humanos, y sostiene que la dura represión a los ambientalistas y la Ley Antiterrorista son una grave amenaza para la democracia.

Por Magdalena Ruiz Guiñazu

25/02/12 - 08:26

Mineria y contaminacion. "Si esto no se resuelve, tendremos que ir a la Corte Interamericana a denunciar lo que pasa."



Durante esta semana movilizada por hechos que no sólo se convierten en un duelo nacional, sino también en conceptos de fuerza moral conversamos largamente con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

Como titular del Servicio de Paz y Justicia cuestionó, por ejemplo, la sanción de la Ley Antiterrorista promovida a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtiendo, al mismo tiempo, sobre la represión policial desatada en localidades de Catamarca que protestan contra la minería.

—Mire, explica Pérez Esquivel, nosotros nos oponemos a la Ley Antiterrorista por varias razones, pero básicamente porque es el control social y tiene que ver con el GAFI justamente para asegurar las inversiones en el país. Pero esto es a costa del derecho del pueblo.

—Cuando usted dice “nosotros”…

—Me estoy refiriendo no solamente al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), sino también a muchas otras organizaciones no sólo de derechos humanos ( le diré también que algunas ni siquiera tocaron el tema). Sin embargo, estos hechos hacen peligrar movimientos sociales, ya que esta ley puede ser aplicada como ocurre en Chile con los mapuches y el derecho a la tierra y también en Paraguay. Esto daña profundamente lo que debe ser la construcción democrática. Incluso me recuerda a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final porque se aprueba a ojos cerrados, sin ningún tipo de debate en la sociedad.

—En ese caso, fue una falta de respeto hacia el informe “Nunca más”.

—Claro. Es una falta de respeto al pueblo, y no deja de asombrarnos la celeridad con que se aprobaron todas estas leyes en los últimos días del año con un apuro terrible cuando, por ejemplo, desde la reforma constitucional del año 1994 hasta el día de hoy no se ha votado el tema de las consultas populares en los plebiscitos. Fíjese que es un derecho constitucional que no podemos ejercer porque si llamamos a un plebiscito, no es vinculante. Pero, sobre todo, nos llama la atención y nos preocupa el polémico Proyecto X que ha puesto en marcha la Gendarmería Nacional con prácticas de espionaje a dirigentes políticos y sociales. Sobre esto, creo también que hay algunas cosas que debemos analizar. Porque una cosa es la fuerza de seguridad que, como en el caso de las Fuerzas Armadas, debe tener información. Sería ingenuo pensar que no tiene cómo manejar la fuerza de seguridad en un país desprovisto de toda información. Esto es una cosa y otra, el espionaje.

—¿Cómo lo definiría?

—El espionaje se infiltra en los movimientos sociales y cumple un trabajo operativo. Y esto ya constituye otro problema que está prohibido por la ley. Sería necesaria la autorización de los jueces para realizar las acciones que significan un verdadero espionaje. Entonces, no confundamos lo que debe ser información con espionaje. Creo que esto debe estar claramente diferenciado. Por otra parte, refiriéndome a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, le repito que es una persona que me merece confianza por todo el trabajo que viene realizando dentro de las fuerzas de seguridad, en cuanto a cambios que no son fáciles. Junto con Hugo Cañón, yo soy presidente de la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos específicamente sobre cárceles y comisarías y también nos encontramos con hechos de tortura. Con picana eléctrica, por ejemplo….Lo hemos denunciado, por supuesto, y ha intervenido la Provincia, puesto que ésas no son políticas de gobierno. Son prácticas.

—¿Podríamos llamarlas “rémoras”?

—Claro. Y quedan insertas en la vida institucional de las distintas fuerzas y… ahí quedan. Entonces, la pregunta es: ¿cómo destrabar esto?. Ciertamente no es fácil porque requiere educación, comportamiento. Por eso la Comisión Provincial de la Memoria (y me parece bien que le gobiernador Scioli lo haya tomado) ha presentado un proyecto acerca de la formación de la Policía Judicial. O sea que la Policía Judicial con otra formación y dependiendo de la Corte Suprema de Justicia pueda actuar en todo lo que son sumarios; evitar que se “armen” las causas; ejercer un control sobre cómo se hacen los sumarios, cómo se confeccionan. Y le explico por qué: sobre esto, luego, se basarán los jueces y, entonces, lo que debemos intentar es ayudar al fortalecimiento de las instituciones. Es la única forma de fortalecer la democracia.

—¿Usted cree, Pérez Esquivel, que la Justicia tiene conciencia del peso social que significan las enormes demoras que observamos en las causas?

—Sí, claro. Venimos trabajando en esto. No puede ser que haya gente que, durante tres o cuatro años, tenga prisión preventiva. Más del 60% de los internos en las cárceles tienen prisión preventiva. Entonces, los equipos del Comité contra la Tortura tratan de analizar y evitar estas demoras. Pero también debo decirle que no podemos considerar las cosas en forma aislada: el Poder Judicial en sí (más que la Justicia como tal) tambien necesita una reforma en lo interno y una agilización de las causas porque esto no es posible. Fíjese que de este modo se está violando el Pacto de San José de Costa Rica, que determina que sólo por dos años se puede mantener a un detenido sin proceso. Pasando este lapso, debe ser puesto en libertad. Bueno, esto aquí no ocurre Hay gente que hace cuatro o cinco años que se encuentra en esta situación. Hasta hemos encontrado a algunos con siete años de prisión con preventivas. Y si esa persona es inocente, ¿qué pasa?.

—Del mismo modo otros, que han sido declarado culpables, salen en libertad y reinciden.

—Bueno, creo que la única forma de poder construir una democracia (algo que va más allá de depositar un voto en una urna) es el fortalecimiento institucional y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Si no lo hacemos así, no cambiaremos todo esto.

—Es cierto. Pero fíjese también que lo peligroso del Proyecto X es que el propio jefe de Gendarmería lo describe con una gran naturalidad.

—Sí. Es también lo que ocurrió en la Base Almirante Zar, en Trelew, y le costó un juicio al almirante Godoy como jefe de la Armada.

—¿A raíz de la denuncia de un suboficial?

—Sí. Mencionó operativos de inteligencia dentro de la fuerza, lo cual fue un importante escándalo. Tambien hay que preguntarse: ¿por qué surgen estas cosas?. ¿Cómo no se ha logrado desterrarlas? Hay normas sobre las que deben manejarse las distintas fuerzas armadas.

—Por eso también hay que reiterarse una pregunta: ¿cuál es la formación que reciben esos cuadros?. Volvamos a Gendarmería, por ejemplo: ¿qué leen?, ¿qué profesores tienen?. ¿Hay algún control sobre esto?

—Se está intentando, pero no es algo fácil. Hay cosas que hay que desterrar. Lo mismo ocurre en los institutos penitenciarios con respecto a las prácticas que conservan… Creo que esto va a llevar tiempo porque requiere un cambio de mentalidad, de pensamiento y de práctica en las funciones que le corresponden a cada fuerza.

—En unas declaraciones recientes, usted manifestó: “Hoy se violan los derechos humanos”. ¿Se refería, por ejemplo, al intento de desplazar a una madre de Plaza de Mayo (Sara Cobacho) de la dirección de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires?

—La conozco muy bien. Es una luchadora. Nosotros no estamos en contacto con ella, pero es una militante que viene trabajando muchísimo por los derechos humanos. Habría que ver. Desconozco el funcionamiento de la Comisión provincial, pero con respecto a aquello de “violar los derechos humanos”, creo que hay que clarificarlo. A veces, se piensa que los derechos humanos pertenecen únicamente a la época de la dictadura militar. Nosotros apoyamos el juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Estamos acompañando los juicios para que esto no vuelva a ocurrir nunca más y además es el derecho de un pueblo a la verdad y a la justicia. Pero los derechos humanos no se agotan ahí. Hay que considerarlos en su integridad como derechos de los pueblos. Por ejemplo, el tema minería. Fíjese en los daños que se está provocando al medio ambiente. Esto no es sólo para las generaciones presentes, sino tambien para las futuras. Le aclaro que no estamos contra la minería.

—¿Cuando habla en plural se refiere al Servicio de Paz y Justicia?

—Y a muchas otras organizaciones. No estamos en contra de la industria minera. En la actualidad, sería absurdo pensar que no deben explotarse los recursos mineros. Son necesarios para la vida de los pueblos. Pero sí estamos contra la devastación. Contra la irracionalidad y el uso indiscriminado del agua en zonas en las que está faltando el agua. Y también combatimos la contaminación porque para sacar el oro y la plata se utilizan cianuro y mercurio que van a las napas de agua.

—Las compañías mineras lo niegan…

—Hay que ver los productos. Hay estudios sobre este tema. Vamos a ver si podemos convocar a científicos y a geólogos para efectuar un estudio más profundo. Hace dos años, envié una carta a todas las universidades nacionales porque Bajo de la Alumbrera (que es una de las grandes mineras) incluso está en juicio ( llevado adelante por el fiscal Gómez), que muestra indicios de contaminación por el uso de cianuro y mercurio, pese a que ellos lo niegan.

—¿Usted le envió una carta a la gobernadora Lucía Corpacci, no?

—Sí, acerca de la situación en Andalgalá. Pero esto también ocurre en otras provincias. Prácticamente en toda la zona cordillerana. Y, fíjese, hay cosas en las que hay que poner el acento: cuando yo subrayo cómo se privilegia el capital financiero por sobre la vida de los pueblos a raíz de los altos índices de contaminación y la destrucción ambiental, no puedo dejar de recordar el ejemplo de un productor viñatero cuyos productos no tienen ya precio en el mercado. ¿Por qué? Pues, por la contaminación Es gente que entonces se funde y deja de hacer lo que hizo durante toda su vida Los viñateros de San Juan, de Catamarca, productores rurales… bueno, toda esa gente se ha visto damnificada Es lo mismo que ocurre con los monocultivos y el glisfosato. Sobre el punto hay estudios que demuestran el daño que esto causa a la población. Entonces, hay que preguntarse: ¿cuáles son las perspectivas para las generaciones presentes y futuras?. Yo he estado en comisiones de las Naciones Unidas sobre desertificación.

—¿Se refiere a la lucha contra el desierto?

—Claro. Las zonas afectadas se van ampliando por la destrucción del medio ambiente. Las tierras terminan siendo áridas. Tierras donde no llueve y hay hambruna. Lo estamos viendo en Africa, en Asia y, lamentablemente, en América latina, en nuestro país.

—Ustedes enviaron una delegación a la zona minera, ¿no es cierto?

—Sí, fue hasta allí una camioneta nuestra con ocho delegados y abogados que los acompañaban. Fueron maltratados, me declararon persona non grata. Y, pese a que me encontraba en Cuba, inventaron que estaba organizando todo eso desde el exterior. Una mentira absoluta. Nosotros no tenemos recursos y todo lo hacemos a fuerza de voluntad y esfuerzo propios pero… bueno, son las situaciones que debemos asumir. No me estoy quejando porque cuando se asume una responsabilidad sabemos las consecuencias que esto puede acarrear. Lamentablemente, si esto no se resuelve, tendremos que llevarlo a la Corte Interamericana y denunciar allí lo que está ocurriendo. Si vemos que se está reprimiendo a los pobladores que están reclamando sus derechos; si éste es un país en el que se dice que se gobierna para 40 millones de habitantes, pero hay grupos que son totalmente excluidos y, encima, reprimidos, pensamos que esto es peligroso para la democracia. Otro tema muy importante en este sentido es el de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los Qom. El 7 de marzo vamos a tener una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, donde se hablará de los territorios de los pueblos originarios, como en el caso de Formosa. Lamentablemente, en el país, muchas provincias se han transformado en feudos medievales, donde algunos hacen lo que quieren y no lo que deben. Es desastroso y estamos viendo cada día que esto les representa ganancias. Volviendo a la minería, se están llevando el 97% de los recursos nacionales. Y hay algo de lo que se habla muy poco pero que, cada día, cobra mayor vigencia. Me refiero a las “tierras raras”.

—¿Qué son “las tierras raras”?

—Son minerales estratégicos que se usan para la alta tecnología. Para las computadoras o los viajes espaciales. Y el país que está a la cabeza de la investigación de los recursos que atesoran “las tierras raras” es China. Le sigue Estados Unidos, pero a bastante distancia y luego vienen otros países que están despertando a esta nueva realidad. Y uno se pregunta por qué no nos hacen caso cuando pedimos que se reforme la Ley de Minería. Pero seguimos insistiendo porque se llevan el famoso 97% de nuestros recursos con una simple declaración jurada.

—¿Ese es el único trámite?

—Efectivamente. Y uno se pregunta: ¿qué está pasando con esto?. Por barco, se llevan el barro en el que van las tierras “raras” y esto no genera costos ¿Qué está pasando entonces en el país? Creo que una de las cosas que tenemos que discutir a fondo es el tema del territorio nacional. Yo me alegro cuando dicen: “las Malvinas son argentinas” y se intenta recuperar un territorio colonial pero, repito, ¿qué pasa con el territorio nacional y sus recursos?. Porque, si hablamos de soberanía (y no vamos a hacerlo de manera trasnochada nacionalista) tenemos que preocuparnos por un pueblo que no controla sus recursos, sus bienes naturales y las industrias que produce; un país que no puede decidir es un país sin soberanía. Por ejemplo, la privatización de YPF.Hagamos un poco de memoria: Néstor Kirchner fue uno de los que más apoyó a Menem para privatizar YPF y quedarse así con los recursos de las regalías petroleras en su provincia. El patrimonio del pueblo no debe entregarse. Frondizi lo vió claramente. No digo todo esto con ánimo de crítica, pero si pensamos hablar en términos de nacionalismo y de soberanía tenemos que plantear las cosas con seriedad. Debemos ser coherentes. Hay un antiguo proverbio que dice: “Si no sabes adónde vas, regresa para saber de donde vienes”. Tenemos que tener claro de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuáles son los caminos a recorrer. Si no, corremos el riesgo de perdernos.

El relato oficial: un esquema en el que la culpa siempre la tiene el otro

DON VITTO GIOVANNI

PRESENTA



Por Alejandro Borensztein



El relato oficial: un esquema en el que la culpa siempre la tiene el otro


Frente a las falencias de la gestión, el Gobierno primero las niega y luego deriva las responsabilidades. La ”victimización”.


El Estado se constituyó como querellante en la tragedia ferroviaria de la estación Once para defender “el interés público” y “acompañar a los damnificados” . Así lo anunció el ministro Julio De Vido, según la orden de la Presidenta.


Esta acción le permitirá intervenir en el expediente como presunta “víctima” de la empresa concesionaria TBA , e imputarle, llegado el caso, el incumplimiento de las inversiones y el mantenimiento de los trenes previstos en los contratos. Más difícil es, en cambio, que la querella estatal alentase una investigación sobre las propias responsabilidades del Estado como regulador del servicio y la falta de controles sobre TBA, la empresa que profundizó con el kirchnerismo la misma senda de negocios iniciada en los ‘90, con Menem .


Es decir, si hasta ahora el Grupo Cirigliano había multiplicado sus concesiones en el transporte y como proveedor estatal, y hasta obtuviera palabras de reconocimiento de la Presidenta (ver aparte), -pese a las constantes objeciones de los usuarios- el Estado ahora puede acusarlos por “ faltas graves” en el servicio, deslindando su propia responsabilidad en ese control.


Este mismo esquema de negar las críticas y luego, consumado los hechos -en este caso trágicos-, desentenderse de las responsabilidades es una de las claves del “relato oficial”. El Gobierno promueve la selecta intervención de distintos empresarios en los negocios estatales, les abre el terreno, y luego se presenta como “víctima” si algo malo sucede.


Las críticas oficiales al Grupo Eskenazi por la política de YPF omiten mencionar que el Gobierno lo introdujo en la petrolera y la Presidenta los elogiara hasta hace pocos meses. Algo similar sucede en el mundo financiero. El banquero Jorge Brito , propietario del Banco Macro , donde depositó el ANSES millonarios fondos públicos, y vendedor de una serie de propiedades del Madero Center a la familia Kirchner , es ahora definido como “enemigo de la Patria” por Guillermo Moreno por promover una “corrida bancaria” a fines de 2011.


Las omisiones del relato pudieron funcionar. Pero la tragedia ahora hace difícil sostenerlo.

¡¡¡ VAI A BORDO DE LA NAVE CAZZO !!! - Al comandante Schettino del Crucero Costa Concordia al abondonar el barco ...

DON VITTO  GIOVANNI

PRESENTA


VUELVA A BORDO CARAJO !!!!!

Como anda Sra. ??? Ud. se cree que a pesar de que no le interese el costo politico y social que esta pagando, y demas minusias, corrupcion, espionaje, hambre, miseria, muerte , inseguridad,permitir que se roben la riqueza nacional, llenarse de millones, y mas....  que no pudo resolver en dos mandatos y dar la orden a los enucos que tiene a su lado de no hablar despues de todos los horrores que esta pasando en nuestra querida republica...... escondiendose se va a resolver apelando a la poca memoria del argentino ?????? , no tenga verguenza !!! hable !!! de la cara !!! o le van a exigir que actue, va ha tener que cumplir con su mandato como corresponde !!!!!no le vamos a permitrir que se escape en helicoptero !!! cumpla con su obligacion Carajo !!!! No mienta mas, se acabo el discurso mentiroso , actue!!!! y  aprenda de como se lo van a exigir ... escuche lo siguiente .....

El espejo de los culpables

DON VITTO GIOVANNI

PRESENTA


El espejo de los culpables


Por Jorge Lanata



24/02/12 - 09:21





Grupo. Uno de los hermanos Cirigliano, dueños de TBA, junto al controvertido Ricardo Jaime.

Con los familiares de las víctimas en la puerta de la morgue, el cinismo oficial encontró rápido respaldo en el aparato de propaganda. “Al proclamar que quiere ser tenido como querellante por parte de la Justicia, el Gobierno parece haber querido enviar un mensaje: no será neutral sino acusador ante los eventuales responsables de tantas muertes”, escribió el ex presidente de Télam Martín Granovsky en una columna publicada por Página/12 con el título “Peor no cambiar que cambiar tarde”.
La estrategia de convertirse en querellante en una causa en la que bien podría ser tomado como cómplice es similar a la que siguieron las Madres de Plaza de Mayo en la eternamente postergada denuncia contra Schoklender. Ahora le tocará a la Justicia aceptar esta pretensión, la misma Justicia que ha dicho que sí tantas veces.


No hay muchas maneras de entender el caso Cirigliano: o es una mezcla de Henry Ford, Alexander Graham Bell y Bill Gates, o es un personaje que creció bajo las influencias del gobierno de turno, al calor de concesiones, subsidios y favores personales.


La empresa, que comenzó en 1959 con Nicola Cirigliano, inmigrante de Vaglio Basilicata, Potenza (sur de Italia), tenía el interno 16 de la línea 295, cubriendo el recorrido Palermo-Avellaneda. Hoy tiene 4.340 empleados en el país y algunos cientos en el exterior. Según un informe del periodista Ramón Indart, de Perfil.com, el Grupo Plaza recibe mensualmente 55 millones de pesos del Estado argentino, 37 millones por los trenes y 18 por los colectivos.


La adjudicación de TBA en 1994 fue firmada a bordo de un buque de la Armada, durante una excursión de pesca del entonces presidente Menem, en una escena de James Bond: Cavallo llegó al buque en helicóptero con el expediente para la firma aspirando a una resolución horas después de que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso la cuestionara pidiendo su postergación. El tiempo le devolvió su gestión: cuando ya no era ministro de Economía, el Grupo lo ayudó poniendo a su disposición sus oficinas privadas en Chacabuco y Diagonal Sur: allí funcionó la sede de Acción por la República. La relación entre Cirigliano y Menem funcionó a fuerza de partidos de golf en Olivos.


Ya en 2003, fueron los encargados de recolectar entre los transportistas los aportes para la campaña de Néstor Kirchner. Su jet Citation 501 llevó varias veces a Florianópolis al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los médicos del Grupo Plaza atendieron a Julio De Vido cuando empeoró su cuadro de diabetes.


Los Cirigliano eran, para entonces, parte de la tropa propia. Cuando fue necesario, pagaron los sueldos de una compañía ajena por pedido del Gobierno. Los hermanos crearon Safe Fly, que nunca voló, para tomar a su cargo los salarios de los empleados de Southern Winds después del escándalo de los vuelos narcos. Lograron hacerse con el monopolio de los micros interurbanos que conectan La Plata con Retiro y adquirieron las empresas de larga distancia de Córdoba y el transporte urbano en La Pampa y Bahía Blanca, donde se registra la tarifa más costosa del país.


Juan Pablo de Santis recordó en La Nación que hace tres años Jaime les adjudicó un contrato por $ 1.090 millones para el recambio de coches por unidades de doble piso, más grandes y con aire acondicionado. Después de seis anuncios y de tres años y cuatro meses de firmada la resolución, sólo están en funcionamiento cuatro de los 25 trenes comprometidos. El primer anuncio se había hecho público a poco de que un grupo de pasajeros incendiara cinco trenes y el sagaz Aníbal Fernández le echara la culpa al terrorismo internacional. Los “trenes doble piso” tendrían cabinas de conducción panorámica, ventanas ídem, capacidad para 320 pasajeros por coche, puertas dobles, aire acondicionado, calefacción; estarían comandados por GPS, con pantallas LCD de televisión digital terrestre y asientos ergonómicos. Las chicas y el whisky debían ser puestos por el pasajero.


El 27 de abril de 2006 TBA presentó su primera formación de trenes doble piso junto a Jaime, recién llegado de la playa. El 4 de septiembre del mismo año, El encabezó el llamado a concurso de precios para la fabricación de los coches bajo la atenta mirada de De Vido. La licitación se hizo efectiva en 2008. En 2011, Ella asistió a la remake de presentación de una formación de dos pisos en Puerto Madero.


Mientras no hacía los trenes de dos pisos, el Grupo tomó otro negocio K: los decodificadores digitales. A través de Corporate Corp. y Cometrans fabricó 330 mil convertidores de TV, un tercio del total de decodificadores oficiales, para ver Fútbol para Todos, Paka-Paka y CN23, por 160 millones de pesos,.


El Gobierno, ahora, intenta presentarse como querellante para pedirle a la Justicia que averigüe quién es el culpable. Deberían comprarse un espejo.

Kirchnerismo represivo

DON VITTO GIOVANNI

PRESENTA

kirchnerismo represivo



Redireccionamiento de palazos


El Gobierno no tiene el menor empacho en cambiar su política de seguridad y hacer como si nada. Contradicciones y manipulación mediática.

Por Jorge Lanata


Tweet 17/02/12 - 09:53


+El tiempo es el peor enemigo del doble discurso: lo desnuda, dejándolo en evidencia. Esta historia comienza en 2007 y verla cronológicamente nos permite descifrar el proceso que surgió a la superficie hace unos días, cuando camionetas sin identificación ni chapa recorrían Andalgalá “marcando” disidentes y tres días después, se conocía por la televisión de la existencia del Proyecto X, una red de espionaje de la Gendarmería dedicada a investigar a dirigentes políticos y sociales de la oposición. La denuncia que había comenzado en www.plazademayo.com y a la que A dos voces le había puesto imagen mostrando un facsímil era incontrastable: cuatro carillas con la firma del jefe de la fuerza, Héctor Schenone, informando en el juzgado de Norberto Oyarbide sobre las protestas en la firma Kraft.


El miércoles 6 de junio de 2007, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley Antiterrorista, enviado en diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue defendido por Vilma Ibarra y tuvo 51 votos a favor y sólo uno en contra: el del senador socialista Rubén Giustiniani. Con vértigo legislativo, el proyecto fue girado ese mismo día a Diputados. En la sesión del 13 de junio, se convirtió en ley: votaron a su favor el Frente para la Victoria, el radicalismo y algunos partidos provinciales; se opusieron el ARI, el PS y los diputados Miguel Bonasso y Carlos Tinnirello. Curándose en salud frente a lo que iba a convertirse en una nueva polémica, el Gobierno se justificó diciendo que el proyecto era una respuesta a exigencias del gobierno de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI), que consideraban a la Argentina “país no confiable para las inversiones”, si no se sancionaba una norma que castigara al terrorismo.


+Cuidado con aterrorizar. La Ley 26.734 incorporó al Código Penal dos nuevos artículos aumentando las penas de todos los delitos “que se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población” o de “obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Uno de los delitos contemplados es “alterar las cotizaciones de los mercados con la intención de desestabilizar la economía”. La presión de la oposición –y también la de algunos sectores de la tropa propia– logró que se incorporara al texto la aclaración de que la ley no se aplicaría cuando se tratara de hechos que afectaran los derechos humanos o sociales.


“Se trata de una norma fundamental para cumplir con los requisitos del GAFI, y todas las interpretaciones que se hicieron en contra de ella carecen de sustento y de realismo político”, aseguró Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque de senadores kirchneristas.


“Tenemos derecho a huelga, pero no a la extorsión”, dijo la Presidenta, refiriéndose a Moyano el 9 de diciembre de 2011. Aquellas palabras fueron el reconocimiento público de la grieta existente con la CGT y, a la vez, la introducción de un concepto que se había macerado al fuego de aquella ley que nunca iba a aplicarse: la extorsión; quienes protestaban estaban extorsionando al Estado y debían ser castigados.


“Los veteranos recurren a la extorsión”, dijo esta semana Nilda Garré, justificando la represión policial indiscriminada que dejó 24 detenidos y tres heridos en el cruce de 9 de Julio y Avenida de Mayo.


En un acto de sincericidio, José Sbatella, apenas sancionada la ley, abundó: “Es para evitar una especulación que golpee a un gobierno. Si hay medios que se unan a esos ataques están aterrorizando a la población”. Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, fue llamado a silencio y aún permanece así.


Finalmente, la ley que nunca iba a aplicarse se aplicó: fue en Catamarca y con asambleístas. El fiscal federal de Cámara Antonio Gustavo Gómez declaró entonces a la agencia NA que era la primera vez que se aplicaba desde su sanción, aunque criticó al fiscal federal Julio Landívar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial.


Palos escalonados. Entre el 2 de enero y el 10 de febrero de este año se produjeron varios incidentes escalonados en las zonas mineras. El 2 de enero, fue bloqueado Alto Carrizal, en La Rioja, en una protesta contra la Osisko Mining Corporation. Luego en Famatina (Catamarca, donde funciona la mina La Alumbrera, y en Belén) y en Amaicha del Valle, en Tucumán. El 27 de enero fueron detenidos y procesados diez manifestantes a raíz de un corte de ruta en Santa María, Catamarca. El 5 de febrero, hubo detenciones en Chilecito, La Rioja, durante las celebraciones del Carnaval local; participó la BAO (Brigada de Acción Operativa) y hubo decenas de heridos con balas de goma y de fogueo. El 8 de febrero, hubo 35 detenciones durante el desalojo del corte de la Ruta 40, en Belén, donde participó un grupo de policía militar denominado Kuntur; hubo menores detenidos en comisaría y también dos periodistas: Juan José Rodríguez, de la FM El Algarrobo, y Sergio Fernandez, de radio FM Estación Sur. El caos en la zona fue total: surgieron contrapiquetes con representantes de las mineras, camionetas sin chapa, policías de civil y hubo cortes inesperados de energía eléctrica en la ciudad y el corte deliberado de la transmisión de las FM locales. En la madrugada del 10 de febrero, fueron desalojados los manifestantes de Amaicha del Valle. El mismo día, se produjo en Tinogasta el desalojo del corte de la Ruta 60 –organizado por los vecinos– por parte de la Infantería; hubo balas de goma, gases y perros. Al día siguiente, Andalgalá tenía un cerco perimetral manejado por agentes de civil: no dejaban entrar a ningún periodista ni a turistas “con pinta de hippies”, basándose en la sospecha de que hippie era igual a ambientalista. En al menos dos localidades de Catamarca –Santa María y Belén–, se denunció que no se permitía el ingreso de abogados para verificar la condición de los detenidos. En otro caso, se supo que la policía local liberaba a los detenidos advirtiéndoles que volverían a la cárcel si hablaban con la prensa.


+Mientras el aparato de propaganda oficial ocultaba el tema o lo manipulaba a su antojo, se produjo una gaffe presidencial que bordeó la vergüenza ajena: un “trabajador minero” mantuvo un diálogo con la Presidenta a través de una teleconferencia difundida en la Casa Rosada.


“Los trabajadores mineros queremos trabajar en paz y no que cuatro o cinco pseudoambientalistas nos corten la ruta”, dijo, uniformado con casco y overol, Antonio Domínguez desde Olavarría.


“Antonio, vos no sos dirigente político, sos un trabajador que defiende su lugar de trabajo, no te pueden acusar de ser un hombre de la Barrick Gold. En el tema minería, vamos a tener que dar una discusión en serio”, dijo Cristina.


Pero Antonio ni siquiera se llamaba así. Quien había sido presentado por Boudou como Antonio Domínguez era en realidad Armando César Domínguez, actual vicepresidente del PJ de Olavarría, secretario general de la seccional de la Asociación Obrera Minera (AOMA). En el año 2010, Domínguez fue designado interventor del gremio minero en la provincia de San Juan. “Tengo contacto y muy buena relación con las grandes compañías”, le dijo Domínguez al Diario de Cuyo el 27 de mayo de 2010, según descubrió La Nación.


El Gobierno hizo silencio respecto al tema y su aparato de difusión lo transformó en una noticia que aumentó la vergüenza ajena producida por la gaffe presidencial: Diego Goebbels Gvirtz y los cyber K coincidieron en repetir el mismo argumento: “Para Magnetto, un delegado sindical no es un trabajador. El Trece intenta demonizar a Domínguez diciendo que no es un trabajador más, sino un dirigente político”.


+Motivos de pesos. El Gobierno tiene millones de razones para alinearse sobre el tema: un informe del 13 de enero difundido por el Ministerio de Planificación asegura que “el crecimiento de la exploración minera se refleja en el nuevo récord alcanzado durante 2011 en materia de inversiones, con $ 11.078 millones, un incremento acumulado desde 2003 al último año del 1.948%. Los encuentros de Cristina con Peter Munk, el presidente de la Barrick Gold, en Buenos Aires y Canadá, son las frutillas de ese helado.


Citando fuentes judiciales y abogados vinculados a las causas, Ramón Indart arriesgó en perfil.com una cifra actual de los procesados por protestas sociales: se elevarían a 4.500, con los casos resonantes del sindicalista Rubén Pollo Sobrero, los dirigentes Vilma Ripoll y Néstor Pitrola, delegados de la ex Terrabusi, y siguen las firmas. Todos ellos sufriendo, a la vez, embargos por altas sumas de dinero.


La semana arrancó bajo el influjo de esa tendencia. “Estaba en el piso y vinieron a levantarme. Ahí los policías me empezaron a pegar, tenían manoplas. Después me tiraron gas pimienta en la cara”, le dijo a La Nación Roberto Vargas, de la Asociación de Veteranos Continentales de Ituzaingó, quien mostraba las marcas que le habían quedado en la cara, moretones y ojos hinchados. Estuvo detenido en la Comisaria 48 y ahora tiene que esperar a que lo citen.


Después habló Nilda Garré y un twitter salió disparado en el ciberespacio: “El Gobierno no lo llama represión; es redireccionamiento de palazos”.

Todo vale en el mundo K - El sistema judicial es más parcial que en el menemismo. Aprietes y escándalos.

DON VITTO GIOVANNI

PRESENTA

CORRUPCION Y TRAICION AL PUEBLO ARGENTINO

domingo


19/2/2012


todo vale en el mundo K


¡Viva la justicia!


El sistema judicial es más parcial que en el menemismo. Aprietes y escándalos.


Por Jorge Lanata


Fuente : Perfil.com


18/02/12 -

El sistema judicial es, hoy, más parcial que el que funcionó durante los años de Menem. Ya no recorre los pasillos de Comodoro Py Pepe Allevato con su valija llena de regalos al contado, pero no por un arranque de honestidad del Ejecutivo, sino porque ni siquiera hace falta: desde 2003 el kirchnerismo nombró a la mitad de los jueces, 438 de los 886 cargos nacionales en todo el país. Entre ellos están cuatro miembros de la Corte Suprema. Cristina designó en 2011 a 107 magistrados, la mayor cantidad de jueces por año de la última década.


La presión sobre el resto se ejerce a través de la subrogancia. Son jueces suplentes que saben que su destino pende de un hilo y deben evitar cualquier desatino. Los últimos nombramientos en el fuero en lo Criminal y Correccional Federal y las piruetas y acuerdos del Gobierno en el Consejo de la Magistratura completan ese panorama.


A lo largo de la era K sólo ocho de los 12 juzgados federales fueron ocupados por jueces titulares: Servini, Lijo, Torres, Canicoba, Bonadío, Rafecas, Ercolini y Oyarbide. Las vacantes se produjeron con la salida de Galeano (destituido por el escándalo del caso AMIA), Urso (tenía dos pedidos de destitución después de 13 años a cargo del Juzgado Federal Nº 8; renunció un lunes y, en curiosa coordinación, su renuncia apareció aceptada en el Boletín Oficial del martes; pero antes de irse cerró dos causas contra Julio De Vido por la compra irregular de locomotoras y por la adjudicación de un gasoducto al Grupo Techint), Ballesteros (subió a Cámara) y Montenegro (renunció para irse al gabinete de Mauricio Macri).


El caso de los subrogantes tiene algunos hitos como el de Aráoz de Lamadrid, quien reemplazó a Galeano en el Juzgado Federal Nº 9 y también sobreseyó a De Vido en una causa por enriquecimiento ilícito. De Lamadrid sacó un 1 en el concurso para quedarse con la vacante. Todo estaba bien hasta que falló en una causa a favor de Clarín: fue el final de su subrogancia, en diciembre de 2010. Hace unas semanas De Lamadrid volvió a ser noticia: como abogado en la causa Pedraza intentó coimear a un juez de Casación.


Para manejarse en tribunales, nada mejor que llamarse Fernández: Alberto Fernández fue el operador de Néstor a través del Estudio Righi (que es del procurador general de la Nación, o sea, el jefe de todos los fiscales) y Javier Fernández, representante del oficialismo en la AGN, es quien hoy se encarga de influir a los jueces sensibles: mover expedientes de juicio político en el Consejo de la Magistratura es una de las presiones más comunes.


Mientras todos pensaban que el kirchnerismo iba a perder la mayoría en dicho Consejo, el Gobierno se unió con el PRO y logró los dos tercios; fue en el ya mítico concurso 140.


“El problema no es sólo el 140, en su efecto colateral. Por primera vez tuvieron los dos tercios y eso es como la virginidad. ¿Ahora cómo convencés a los jueces de que cuando quieran avanzar contra alguno sin motivo los vamos a frenar? El kirchnerismo es muy hábil y fue cooptando gente”, le dijo a La Nación el juez y consejero Ricardo Recondo.


El interés de Macri por correr a Oyarbide del juzgado donde, como subrogante, lo procesó fue determinante para el acuerdo K-PRO. Mauricio instruyó a su representante Alejandro Fargosi para que se aprobara este concurso sospechado de trampas desde su inicio. El acuerdo con el macrismo le abrió la puerta al juez de Instrucción Rodríguez, que días antes del examen pidió en su juzgado copias de un fallo real que resultó ser similar al del examen, que en teoría no podía conocer. El caso real, que funcionó como machete, era sobre un robo de monedas en el Banco Nación. Se abrió una investigación en la Justicia, pero recayó en Servini y el caso fue cerrado. Rodríguez es también un hombre de Javier Fernández. Pinedo resumió su posición frente al acuerdo: “Si el resultado es tres buenos y uno malo, estamos conformes. Como dijo Mauricio, le hemos hecho un gran favor a la Argentina”.


El “trabajo” de tres jueces logró el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito: Ercolini, Canicoba Corral y Oyarbide. Durante la gestión presidencial, el matrimonio de El y Ella incrementó su patrimonio 710%, de $ 6.851.810 a $ 55.537.290. Los Kirchner, según un análisis realizado por un ex perito de la Corte Suprema, entre 2003 y 2009 aumentaron 3.240% la superficie de sus propiedades inmuebles y 8.734% sus lotes.


Las irregularidades del fallo generaron un expediente en el Consejo que fue cerrado en menos de cinco minutos y sin debate; la diputada Diana Conti redactó el dictamen desestimatorio y contó con el apoyo de otros tres consejeros.


De ahí para abajo, cualquier otro milagro fue posible


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DON VITTO GIOVANNI :
 
Corrupcion y traicion al pueblo argentino por parte del Ejecutivo Nacional. 
 
 
El poder gobernante se cree que los integrantes del 54 % que votaron a este gobierno en los dos ultimos mandatos no van a tener memoria al momento de votar nuevamente,....y tiene razon !!!!!!
Este gobierno es peor que el de Menen , partiendo que ya lo no le interesa el costo politico y llegando a negar una realidad demostrada dentro del abanico de lo que no tiene que hacer un gobierno elegido por el pueblo , se estan `preparando para escapar por la soga del barco como ratas en retirada!!!!!!!  

Sociedades sospechosas -Boudou---- Testaferros y domesticados

DON VITTO GIOVANNI

PRESENTA

domingo


12/2/2012



sociedades sospechosas


Testaferros y domesticados

Cómo un monotributista “socio” de Boudou se convierte en millonario. El silencio del vice, del Gobierno, de la propaganda K y de la Justicia.

Por Jorge Lanata

11/02/12 - 10:33

Primero, los hechos. El lunes 6, en el mediodía de radio Mitre, Nicolás Wiñazki dio a conocer el resultado de una investigación que le había llevado varios meses: Alejandro Paul Vanderbroele, un monotributista categoría B (con ingresos de poco mas de $ 1.000 al mes declarados a la AFIP) se había quedado con Ciccone Calcográfica, la única empresa privada de la Argentina autorizada para imprimir papel moneda, cheques, patentes de automóviles, etc.

Pero esta no era solamente una historia de evasión impositiva. Vanderbroele estaba vinculado al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, lo que explicaba la sucesión de hechos irregulares que permitieron que el monotributista emprendedor se quedara con una empresa quebrada que facturaba 200 millones de dólares al año.

El desembarco de Vanderbroele en Ciccone estuvo rodeado de un constante aire de impunidad y fue posible gracias a una cadena de hechos irregulares que trasciende la casualidad:

El juez de la quiebra de Ciccone, pedida por la AFIP, Javier Cosentino, decidió que la planta podía ser alquilada y abrió la posibilidad de ofertas: la empresa Boldt (una compañía con antecedentes en el mercado gráfico y en el juego) se impuso sobre la Casa de la Moneda y la propia AFIP.

La AFIP decidió, entonces, pedir que se levantara la misma quiebra que antes había solicitado.

Al secretario Guillermo Moreno le tocó cerrar la pinza: Comercio Interior decretó que Boldt ya tenía una imprenta, por lo que el alquiler de Ciccone “producía una concentración empresaria” del sector gráfico.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a la medida de Moreno.

Varios acreedores de Ciccone recibieron, en medio del proceso judicial, la visita de un representante de Boudou y, en nombre del entonces ministro de Economía, quien les sugirió que aceptaran en Ciccone al fondo de inversión manejado por Vanderbroele: The Old Fund.

El 3 de septiembre de 2010, Vanderbroele hizo rendir como nadie sus $ 1.000 mensuales declarados al fisco: pagó en la sucursal Tribunales del Banco Ciudad $ 567 mil en efectivo para levantar la quiebra de Ciccone.

Vanderbroele no llegó con una sola mano a hacerse de la empresa. Lo permitieron varias manos: Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, arrepentida de la quiebra que ella misma había pedido; el secretario de Comercio, que vio allí otra amenaza de monopolio; los jueces que hicieron la venia sin chistar y la influencia del vicepresidente de la Nación.

“Yo soy un hombre de Amado Boudou, represento al Gobierno y ustedes no se tienen que preocupar por el futuro de la empresa”, le dijo Vanderbroele a los empleados de Ciccone y a los delegados del sindicato gráfico en una de sus primeras visitas a la empresa. “Tenemos garantizado que después de las elecciones vamos a imprimir papel moneda”, abundó.

Llegaba pisando terreno seguro: antes de las elecciones había tercerizado la impresión de las boletas del Frente para la Victoria.

“Me dijo que estaba haciendo negocios con él, que se iba a quedar con buen dinero, que se trataba de coimas”, me dijo aquel lunes en la radio Laura Muñoz, la esposa de Vanderbroele, separada de hecho, enfrentados por la tenencia de su pequeña hija.

Ante el micrófono, Laura Muñoz sonaba segura y valiente: contó que había recibido amenazas, que intentaron comprarla, que quisieron hacerla pasar por loca y que hablaba como su única salida para defenderse. “Ahora que esto es público, no se van a animar a matarme”, dijo.

En paralelo, Andrea Rodríguez, productora de Lanata sin filtro, intentaba comunicarse con el celular de Vanderbroele. El amigo de Boudou atendió en persona y cortó la comunicación. El vocero del vicepresidente también había enmudecido.

—¿Estás convencida de que tu esposo es un testaferro de Boudou? –le pregunté.

—No tengo ninguna duda –dijo.

Otro funcionario cercano al vicepresidente entró en escena para favorecer al monotributista entrepreneur. Katya Daura, titular de la Casa de la Moneda, le recomendó al Banco Central que Ciccone imprima la mitad de los billetes de 100 pesos que se pondrán en circulación este año: 600 millones de billetes a un costo de unos 50 millones de dólares.

Los días posteriores. El aparato oficial de propaganda ignoró el hecho por completo, aunque la mayoría de los diarios y radios del país se ocuparon del asunto.

El vicepresidente evitó cuidadosamente al periodismo y ningún funcionario del Gobierno, incluidos los opinadores profesionales, mencionaron la denuncia, ni siquiera para desacreditarla.

El martes 7, a las 14.12, mi interés en el asunto ya era casi antropológico. Le pregunté al ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido si le encontraba explicación al silencio judicial: ¿ningún fiscal actuaba porque recibían llamados oficiales? ¿Por miedo? ¿Por abulia?

“Obviamente, tienen que actuar, pero no lo van a hacer porque los órganos de investigación están desmantelados. Esto se va a ir diluyendo con el tiempo”, dijo Garrido, quien abandonó su carrera judicial harto de la misma enfermedad.

Y siguió: “Todo el mundo sabe que quien hace una investigación que afecta al Gobierno va a tener problemas en su carrera. Están todos domesticados. Los fiscales saben que si investigan esto van a tener consecuencias negativas. Los casos graves de corrupción terminan en la nada porque hay intereses que hacen que los jueces no avancen en las causas; ni siquiera pueden abrir investigaciones de oficio porque se arriesgan a sanciones de la Procuraduría o de otro organismo”.

La verdad es, a veces, luminosa y cruel. Pero conocerla nos vuelve responsables.
“Están todos domesticados”, dijo Garrido. Domesticar significa amansar y hacer dócil a un animal o a una población entera. No es lo mismo que “domar”, es peor que eso: en la doma, el animal sigue siendo salvaje, en la domesticación se vuelve genéticamente dócil.

Todos recordarán aquella historia de los elefantes en los circos: desde pequeños, los atan a una estaca; en los primeros meses, la estaca tiene más fuerza que el elefante bebé, pero a medida que el animal crece la tensión de la madera es cada vez más insignificante. A los pocos meses, el elefante bien podría, de un tirón, liberarse de la estaca. Pero no lo hace. Está domesticado. Ni siquiera hace falta algo que lo retenga. Es él mismo quien no quiere salir o quien cree que no puede hacerlo

Argentina: Nueva ENCUBIERTA ley antiterrorista

DON VITTO GIOVANNI
 
PRESENTA
 
jueves 15 de diciembre de 2011


Argentina: Nueva ley antiterrorista



RED LATINA SIN FRONTERAS - CENTRO CULTURAL ALEJANDRO OLMOS


Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley "antiterrorista", que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de "asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo".

Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la "asociación ilícita terrorista" y el segundo sancionaba el "financiamiento del terrorismo".

La ley antiterrorista vigente

En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el "terrorismo", ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por "terrorismo" y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de "terrorista" para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. "Terroristas" son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, "terroristas" son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, "terroristas" son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.

La "Ley Antiterrorista" sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de "terrorismo" a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.

En primer lugar, ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las "asociaciones ilícitas terroristas", definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta "asociación ilícita terrorista" resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.

El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner

El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación "antiterrorista" cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.

Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,se aplicará la misma escala."

Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto "aterroriza a la población." No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.

Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.

Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.

Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.

Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta y además de catalogarlas de terroristas.

Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.

Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de "financiación del terrorismo", que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el "financiamiento" aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de "terrorismo" ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.

Una ley al servicio del imperialismo

Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de "terroristas" para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.

Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un "terrorista" a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los "terroristas" a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.

Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de "terrorista", el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.

No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de "terrorismo", se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.

En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.

Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha

EJECUTIVO ARGENTINO UTILIZA METODOS DEL ASESINO Y CRIMINAL ASTIZ

DON VITTO GIOVANNI

PRESENTA

Los expedientes secretos X


EJECUTIVO ARGENTINO UTILIZA METODOS DEL ASESINO Y CRIMINAL ASTIZ
fuente : PLAZADEMAYO.COM
01/02/2012 By Diego Rojas (@zonarojas)


El rol de la gendarmería y la policía en la vigilancia e infiltración entre los núcleos obreros combativos. ¿Una profundización de la ley Antiterrorista kirchnerista?


Fotos realizadas por la inteligencia de la gendarmería en Kraft.


Sesenta días pasaron desde la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos y abogados laboralistas sobre las las acciones de vigilancia cumplidas por la gendarmería hasta que la misma fuerza admitió las tareas ilegales de inteligencia que realiza. “Hace dos meses presentamos un escrito planteando una denuncia sobre la Gendarmería para que la justicia investigue sus tareas de inteligencia - explica Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)-. El requerimiento les pedía que expliquen cuáles eran sus bases de datos sobre personas. Su respuesta planteaba que usaban los datos de migraciones para conocer los movimientos de los ciudadanos en la frontera, los datos del registro automotor y algunos otros listados públicos más. Pero agregaron a su declaración un organismo desconocido e ilegal: dijeron que tenían un listado propio llamado Proyecto X’ que les permitiría cruzar nombres con organizaciones que podían ser ilegales, legales, terroristas, desconocidas o delincuenciales”. La base de datos de nombre oscuro revela un aparato de inteligencia ilegal que desarrolla la fuerza comandada por la ministra Nilda Garré y que tiene un rol activo en la vigilancia de activistas obreros, entre otros. Una situación preocupante ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de promulgar una ley Antiterrorista cuyo fin más evidente es el de castigar y prevenir la protesta social.

No hay que olvidar que el requerimiento realizado por los organismos de derechos humanos surgió debido a las sospechas sobre esta inteligencia ilegal percibido por las actividades realizadas en los nucleos fabriles de Zona Norte y en los conflictos operarios que habían surgido, en especial el de la huelga y ocupación de la empresa alimenticia estadounidense Kraft.

“Un organismo de esa naturaleza es completamente ilegal e inconstitucional -señala el abogado Juan Carlos Capurro, presidente del Comité de Acción Jurídica y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Las tareas específicas de la Gendarmería se circunscriben a la defensa de las fronteras, no a la inteligencia interior. La inteligencia interior está constitucionalemente prohibida para todas las fuerzas de seguridad de la nación. Ninguna fuerza podría tener un organismo de ese tipo de manera autónoma, ya que estaría violando la Carta Magna. Y si le hubiera sido encomendada por el ministerio de Defensa o del Interior, la ministra o el ministro deberán dar explicaciones sobre el organismo de inteligencia y control de los ciudadanos”.

Las sospechas que motivaron la denuncia sobre la Gendarmería estarían probadas con esta respuesta ya que -como dice el popular dicho- “a confesión de partes, relevo de pruebas”. De cualquier manera, no es vano recordar las causas de la denuncia ni repasar las actividades que la gendarmería de vigilancia sobre los ciudadanos durante la huelga de Kraft.




El gendarme Raúl Ernesto Sheurman, integrante de la Unidad Especial de Procedimiento Judicial de Gendarmería Nacional, relató ante la secretaria del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero que fue designado con otro miembro de la fuerza para ir al lugar de la manifestación: “Nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial. Fuimos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes eran los que hablaban por los altoparlantes, quiénes los organizadores…” El gendarme Sheurman admitió que intentó ubicar a dos organizadores de los cortes pero que, al no ubicarlos, sacó fotos a otros manifestantes con su celular.

Prolijidad de la gendarmería al fotografiar y clasificar una asamblea obrera.


En el mismo tribunal, Gendarmería informó que su oficial Elisabeth Calisaya “informó los resultados de la compulsa realizada en forma encubierta y de consulta a las bases de datos abiertas, efectuadas sobre las personas de interés”. Más adelante, la declaración oficial continúa revelando el accionar de inteligencia de Calisaya. La oficial “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.


La gendarme señaló que tenía una confusión respecto a los nombres de los manifestantes del conflicto de Kraft vigilados, pero que “lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña”. Esa base de datos sería el oscuro Proyecto X.


El gendarme Carlos Christian Sanabria reconoce haber identificado a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, que apoyaban la huelga de Kraft, y que individualizó a Ramón Bogado y Javier Hermosilla, “quienes ocupan cargos gremiales en la empresa de marras, respecto a quienes no pudieron obtenerse fotografías”. Todos los mencionados, junto a varios otros activistas obreros de Kraft, enfrentan hoy embargos sobre sus escasos bienes y causas judiciales que persiguen la protesta social. El juez Mariano Rearte, que lleva adelante la causa contra los manifestantes, le otorgó estatus de prueba a los pedidos de la presidenta Fernández que reclamaban que acaban los cortes de ruta. Su inclusión como prueba señala el operativo conjunto entre el poder ejecutivo y el judicial para enfrentar la protesta social.


Gendarme admite vigilancia de Néstor Pitrola, del Partido Obrero, y Vilma Ripoll, de Proyecto Sur. Pero le saca una foto un “falso” Pitrola.


Plazademayo.com publica algunas de las fotos que forman parte del expediente y parte del testimonio de Sanabria. Queda mucho más material para publicar.


¿Es el Proyecto X una base de datos que podrá ser usada por el gobierno y el poder judicial en el marco de la aprobación de la ley Antiterrorista? La previsión de un aumento de las tensiones sociales y laborales en un marco de ajuste kirchnerista podrían provocar un uso profuso de la represiva ley. Baste recordar que estos días 20 manifestantes antimineros en Catamarca fueron procesados bajo el marco de esa legislación. La base de datos Proyecto X adquiere en este contexto un carácter no sólo ilegal, sino peligroso para la seguridad y resguardo de las libertades democráticas del activismo obrero.


El juez toma como prueba (o como mandato) las declaraciones de la presidenta Fernández exigiendo el fin de los cortes de ruta.